Tuvieron que pasar casi tres años para que el pleno del Congreso de la República aprobara por unanimidad (88 votos) el dictamen que propone la Ley para la Preservación y el Uso de las Lenguas Originarias del Perú.

La encargada de sustentar el dictamen fue la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos Elizabeth León quien refirió que la Ley beneficiará a más de seis millones de peruanas y peruanos que hablan su lengua materna, es decir el quechua, aimara y lenguas amazónicas.

La congresista León, en un gesto que la enaltece, cedió su tiempo de sustentación a la congresista cusqueña María Sumire por ser la autora del Proyecto de Ley 806 que dio origen a la Ley de Preservación y Uso de las Lenguas Originarias.

La legisladora quechua precisó que la Ley aprobada guarda concordancia con los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que ha reconocido que la lengua hablada o escrita de un pueblo es su mayor atributo cultural y que por lo tanto la diversidad lingüística es un bien humano valioso.

El dictamen busca viabilizar la aplicación del artículo 48º de la Constitución Política del Perú, que establece que son idiomas oficiales el castellano y, según las zonas donde predomine su uso, también lo son el quechua y el aimara y las demás lenguas aborígenes. Agregó que el Perú es un país multilingüe donde las lenguas originarias, al no ser valoradas, se reducen al uso familiar y doméstico.

“Al no existir una norma que garantice o resguarde su utilización en los ámbitos públicos, se limita a las personas el derecho al uso de su idioma”, concluyó la parlamentaria Sumire que dedicó ésta Ley al pueblo del milenario Cuzco, en su día jubilar y fiesta del Inti Raymi, así como a los quechua y aimaras y a las comunidades nativas de La Convención y de la Amazonía en general.

De Varennes e Hilaria Supac (Fuente: Miryam Yataco)

El canadiense Fernand de Varennes es reconocido internacionalmente por sus investigaciones en los campos de los derechos humanos y lingüísticos y de los conflictos étnicos y de minorías, entre otros. Ha trabajado en numerosas organizaciones, como el Grupo de Derechos de las Minorías de las Naciones Unidas, la Unesco o el Alto Comisionado de Minorías Nacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ha impartido clases sobre derechos lingüísticos en una decena de instituciones de todo el mundo. Varennes también fue director del Centro Asia-Pacífico de Derechos Humanos y Prevención de Conflictos Étnicos y miembro fundador y responsable editorial de la revista Journal on Human Rights and the Law. Como reconocido experto mundial sobre los derechos lingüísticos, ha escrito dos obras de referencia en este campo: Language, Minorities and Human Rights (1996) y A Guide to the Rights of Minorities and Language (2001). El año 2004 el Instituto Linguapax de Barcelona le otorgó un premio por la dedicación a la promoción de la diversidad lingüística y tiene el prestigioso galardón Tip O'Neill Peace Fellowship del INCORE de Derry, Irlanda del Norte. (Extraido de la Universitat Oberta de Catalunya [02/06/08])

B) Tratados que protegen todas las lenguas en general

Estos tratados protegen a todas las lenguas en general que se desarrollan en situaciones multilingüísticas principalmente. Destaca la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (1992)

Pero… ¿Qué comprenden los derechos lingüísticos?

Cómo señalé, a través de ciertos elementos constituyentes de las políticas lingüísticas plasmadas básicamente en los planes de educación podemos llegar a conocer la esencia correcta o no de una buena o mala planificación lingüística. Pero, ahora veamos cual es la ontología de los derechos lingüísticos:

1. El derecho a identificarse con su propia lengua

2. Es usar la lengua en contextos sociales y políticos relevantes (como la educación y la administración)

3. Posee una serie de recursos para que un plan (lingüístico) sea posible. (Hamel 1995: 79)

Así los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Sin embargo, debemos considerar estos dos aspectos fundamentales (individual y colectivo); cuando se habla de un nivel individual que protege los derechos lingüísticos se refiere a identificarse de MANERA POSITIVA con la lengua y que los demás respeten esta condición. Así como índica Hamel (1995: 12) este nivel implica como derechos fundamentales:

a) El derecho de cada individuo a aprender y desarrollar libremente su propia lengua materna.

b) A recibir educación pública a través de ella.

c) A usar la lengua en contextos oficiales socialmente relevantes.

d) A aprender por lo menos una de las lenguas oficiales de su país de residencia.



A nivel colectivo los derechos lingüísticos protegen a las comunidades lingüísticas; éstos comprenden los siguientes derechos fundamentales:

a) El derecho colectivo de mantener su identidad y alteridad etnolingüísticas.

De Varennes en una parte de su ponencia mencionó algo fundamental en torno a la labor que tienen que cumplir los gobiernos en materia de derechos lingüísticos; así a éstos les corresponde la iniciativa de hacer posible la comunicación en las comunidades lingüísticas. Así sostiene Hamel (1995: 14) —distingue a través de dos categorías propias del lenguaje, la ubicación de los derechos lingüísticos—:

“Como medio de expresión en abstracto, es decir, como el derecho a hablar (Turi, 1989, 1994), el derecho al lenguaje forma parte de los derechos humanos fundamentales, al igual que el derecho a la libertad de conciencia, religión, creencia u opinión, ya que éstos se consideran atributos naturales de todo individuo. Cuando se refieren a la función de comunicación que tiene el lenguaje, en cambio, los derechos lingüísticos pierden su carácter absoluto, de derechos fundamentales, y se asocian más bien con la categoría de derechos económicos, sociales y culturales (cf. Braën 1987: 16) que tienen que ser creados por una iniciativa del Estado. Los derechos fundamentales pueden ser ejercidos por un individuo, mientras que no es concebible implementar los derechos lingüísticos a una comunicación adecuada en ausencia de una comunidad lingüística”.


Sin embargo, también señaló De Varennes el cuidado que se debe tener al hablar de las minorías y la conveniencia o no de los gobiernos de otorgarles sus derechos lingüísticos de colectividad. Sobre esta reticencia, muestro un pasaje de Hamel (1995: 16):


“El hecho de que no exista consenso ni en la Organización de las Naciones Unidas ni en los demás foros internacionales sobre la definición jurídica de una minoría o de una lengua refleja el problema de fondo que entorpece el debate: en su gran mayoría los Estados nacionales se oponen a reconocer el carácter de pueblo o nación a sus minorías étnicas originarias y a concederles derechos colectivos, ya que, según la opinión dominante, un reconocimiento de este tipo pondría en riesgo el carácter unitario de la ley y el modelo de Estado-nación homogéneo; podría inclusive crear conflictos y guerras étnicas y debilitar la soberanía nacional. En muchos casos esta amenaza es un mito que las clases dominantes usan para impedir que las minorías obtengan derechos lingüísticos y de otro tipo. Hay que reconocer, sin embargo, que la conquista de derechos y el acceso a recursos para ejercerlos puede constituir una amenaza para un determinado status quo y los privilegios de las clases dominantes, particularmente en Estados no democráticos”


Teniendo conciencia de qué son los derechos lingüísticos en esencia podemos juzgar de alguna manera las políticas lingüísticas. Sin embargo, avancemos un poco más en cómo identificar el uso correcto o no de las planificaciones lingüísticas. Como se observó en el cuadro tres, necesitamos enfocarnos en una(s) lengua(s) de una comunidad concreta, por ejemplo en un contexto bilingüe debemos observar las practicas lingüísticas concretas en que se usa(s) y reproduce(n) las lengua(s): los eventos comunicativos de contacto, las situaciones de conflicto, de discriminación y subordinación y los procesos de desplazamiento y resistencia (Hamel 1995: 79), tal como lo muestra el cuadro cuatro.

Es así que gracias a estas percepciones se crean planificaciones lingüísticas que no violan los derechos lingüísticos (individuales y colectivos) y que pueden constituirse, a posteriori, en sólidas políticas lingüísticas.